Posteado por: MSR Galicia | 08/08/2012

La política de austeridad: una guerra no declarada contra la mayoría social

MSR-GaliciaEl gobierno del Partido Popular ha logrado el dudoso honor de haber aprobado el mayor ajuste de la historia de España: subida de impuestos; recortes del gasto social, en educación y sanidad; que condicionará su contexto económico y social, además de empobrecer a los trabajadores.

Este ajuste supondrá una fuerte caída del consumo interno. Contracción que provocará un incremento del desempleo intensificando el descenso del PIB, lo cual conllevará a una reducción de los ingresos fiscales, que provocará nuevos ajustes. Es decir, la política de austeridad impone unos recortes que exigirán nuevos recortes. Tal como observamos en Grecia, Irlanda y Portugal desde que han sido intervenidos por la UE.

Esta crisis económica probablemente se prolongue durante varios años, demostrando que las medidas de austeridad no contribuyen a solucionar el problema, más bien lo agravan.

Pero es que además las medidas de austeridad son injustas porque se castiga a una mayoría social -trabajadores, pensionistas y parados- que no han sido los responsables de la crisis económica. Que tiene en los sectores inmobiliario y financiero y en la clase política sus causantes.

Reclamamos el inmediato abandono de la política de austeridad, el fortalecimiento de la protección social y una mayor solidaridad entre los países europeos del norte y del sur, dejando de actuar los primeros como meros prestamistas de los segundos.

Al mismo tiempo recordamos que el Tratado de Funcionamiento de la UEo en su artículo 123 expresa:

1.- Queda prohibida la autorización de descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de créditos por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales de los Estados miembros, denominados en lo sucesivo bancos centrales nacionales, en favor de instituciones, órganos u organismos de la Unión, Gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas de los Estados miembros, así como la adquisición directa a los mismos de instrumentos de deuda por el Banco Central Europeo o los bancos centrales nacionales.

2.- Las disposiciones del apartado 1 no afectarán a las entidades de crédito públicas, que, en el marco de la provisión de reservas por los bancos centrales, deberán recibir por parte de los bancos centrales nacionales y del Banco Central Europeo el mismo trato que las entidades de crédito privadas.

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