Posteado por: MSR Galicia | 14/12/2011

Obreros lusos trabajan en Galicia por 2,8 euros la hora

MSR-Galicia/Durante los últimos tres años el sector gallego de la construcción ha destruido 33.000 puestos de trabajo. No evitando la subcontratación de mano de obra barata procedente de Portugal, que aflora que en cada convocatoria de obra pública.

Convirtiéndose la construcción del nuevo hospital de Vigo en el gran centro de interés en el sur de Galicia para las pequeñas empresas lusas adjudicatarias de las constructoras de primer y segundo nivel.

La ley permite a las empresas portuguesas trabajar en España siempre que se ajusten al Convenio Colectivo del sector. Obligación que no respetan, pues las nóminas de los obreros lusos empleados por una subcontrata en las obras del futuro hospital vigués contienen importantes diferencias salariales. Recogiendo una remuneración por hora de 2,86 euros, cuando el Convenio Colectivo del sector la cifra entre 8 y 10 euros la hora -18 euros la hora extra-. Provocando que el salario de un trabajador portugués se sitúe en torno a los 550 euros mensuales, únicamente 100 euros más que el salario mínimo en Portugal; cotizando las empresas ala SeguridadSocialportuguesa, cuyo coste es un 50 % inferior.

La competencia desleal y el elevado número de desempleados están depreciando el valor del trabajo, hasta el punto de incumplir el Convenio Colectivo, al reducir los salarios en el sector y precarizar las relacionales laborales.

Denunciamos que las empresas portuguesas obliguen a sus empleados a comprar la ropa de trabajo y los equipos de seguridad. Debiendo los obreros portugueses hacerse cargo de los gastos del material de obra que se estropea y de la reparación de los vehículos, que se le descuenta del sueldo.

Por otro lado, se están produciendo casos de parados que para acceder a algún empleo en la construcción deben acreditar un curso de 20 horas, por el que tendrá que pagar 150 euros, y de otro de 8 horas para obtener la tarjeta profesional, a pesar de la existencia de una sentencia del Supremo que anula su carácter obligatoria, impuesto porla FundaciónLaboraldela Construcción-compuesta por la patronal y el matrimonio CCO y UGT-.

Lo que ha sucedido es que hubo empresas que incumpliendo la normativa no impartieron la formación exigida, no pudiendo los parados afectados acceder a un empleo sin la realización de los mencionados cursos.

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